This article was written and translated from English by Patricio Saavedra. 

La foto de arriba fue publicada días atrás en El Mercurio (18 de Enero de 2016), el diario más famoso y conservador de Chile. Desde mi perspectiva, como estudiante de Doctorado en movimientos sociales, la imagen (que implícitamente se refiere al conflicto Mapuche) da cuenta de dos ideas erróneas esgrimidas por sectores conservadores del gobierno actual, parte de la opinión pública y la mayoría de los políticos de derecha. El primero de estos errores es etiquetar de “terroristas” a los activistas Mapuche. Es cierto  que algunos de ellos han usado la violencia para expresar sus reclamaciones políticas, pero como explicaré más adelante, comparar la violencia llevada a cabo en un contexto de movilización social con actos de terrorismo es ir demasiado lejos. El segundo error es creer que para solucionar este problema se hace necesaria una mayor presencia de las fuerzas policiales en el área, además de aumentar las facultades legales de las mismas en contra de los manifestantes. Esto último no es solo una transgresión a la máxima del sentido común  “La violencia solo trae más violencia”, sino que también implica que las autoridades chilenas y el público en general han perdido el rumbo sobre cómo afrontar este conflicto, conceptualizándolo más como un problema criminal que uno de naturaleza política.

Pero, ¿Quiénes son los Mapuche? Y más relevante aún, ¿De qué se trata el conflicto?

El pueblo Mapuche es un pueblo originario cuyos habitantes vivían a lo largo de la mayor parte del territorio que en la actualidad forma parte de Chile antes de la colonización española. Originalmente, cerca de 10 millones de hectáreas le pertenecían a este pueblo, las cuales fueron disminuyendo a través del tiempo debido a procesos de usurpación territorial llevados a cabo por la fuerza, y la implementación de leyes de dudosa legitimidad con el fin de tomar estas tierras para darle un uso agrícola o construir asentamientos urbanos. A lo anterior se suma el hecho de que a lo largo del tiempo el Estado Chileno cedió gran parte de este territorio a agricultores chilenos y colonos europeos, a la vez que ha permitido que las empresas forestales y eléctricas hagan uso de éste con mínimas restricciones. En este tiempo el Estado también ha fallado en reconocer legalmente al pueblo Mapuche, lo que se ha traducido en la no existencia de un estatus especial para ellos y la implementación de una discriminación positiva que les asegure un desarrollo apropiado siguiendo sus propias reglas, tradiciones y costumbres. Actualmente, el pueblo Mapuche conserva una proporción no superior al 5% de sus terrenos originales luego de décadas de conflicto con el Estado chileno, agricultores y la empresa privada.

Entonces, ¿Cuáles son las demandas del pueblo Mapuche?

Se pueden identificar dos tipos de demanda, cuya clasificación también será útil para entender los diferentes tipos de acciones llevadas a cabo por las organizaciones Mapuche. El primer tipo  son las conocidas como  “demandas de bajo perfil”: Mejoramiento de las condiciones generales de vida, además de asegurar el acceso preferencial a servicios como educación, salud, seguridad social y representación dentro del sistema político chileno. Muchas de estas demandas obtuvieron una solución política durante los primeros gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura cívico-militar liderada por Pinochet. Por otro lado, las demandas “de alto perfil” se encuentran relacionadas con la restitución de tierras ancestrales, el reconocimiento oficial del pueblo Mapuche y sus organizaciones por parte de las autoridades, y en algunos casos con el establecimiento de una autonomía política de este pueblo con respecto al Estado Chileno. Con respecto a este tipo de demandas, se debe afirmar que la gestión de políticas públicas por parte de las autoridades chilenas ha sido más bien ineficiente, caótica y en muchos casos contradictoria, a pesar del logro de ciertos avances en estas materias durante la década de los 90’s.

*Lectura recomendada: “7 Facts to understanding Chile’s Mapuche Conflict” 

¿Cuál es la situación actual?

Considerando lo anteriormente descrito, es que desde mediados de los 90’s algunas de las organizaciones Mapuche involucradas en el conflicto han decido llevar a cabo acciones de confrontación como son la quema de camiones (pertenecientes a las forestales), enfrentamientos con la policía, o la toma de terrenos (ahora privados) por la fuerza. Para hacer frente a esta situación tanto los gobiernos de centro-izquierda como los de  centro-derecha sistemáticamente han enviado fuerzas paramilitares a la zona, las que continuamente han atacado las comunidades Mapuche usando gases lacrimógenos, balines de goma, carros blindados y armas de fuego. Las autoridades chilenas también han apresado a comuneros Mapuche para luego ser juzgados por cortes militares aplicando la Ley Anti-terrorista contra ellos. En 2013 un reporte de Ben Emerson, relator experto de la ONU, caracterizó la situación en el territorio en disputa como “extremadamente volátil”, además de denunciar que Carabineros utilizaba la violencia de forma excesiva y reiterada en contra de las comunidades indígenas. A pesar de lo anterior, en la actualidad el Ministerio del Interior ha reforzado la represión política en contra de los activistas Mapuche incrementando la presencia policial en la zona, otorgando mayores atribuciones a las policías para arrestar a los manifestantes, al mismo tiempo  que las autoridades nacionales han continuamente concebido las acciones de violencia como actos criminales, y no como parte de un proceso de movilización social. La criminalización de estos procesos se ha ido profundizando cada vez más gracias a la falta de comprensión de los políticos de derecha y parte de la población sobre estas temáticas, quiénes continuamente demandan una mayor presencia de fuerzas paramilitares en la zona, a la vez que algunos medios de comunicación de forma irresponsable han tratado de manipular a la opinión pública divulgando artículos o imágenes prejuiciosamente sesgadas (como por ejemplo la figura que se muestra más arriba).

*Lectura recomendada: “Police violence against Mapuche children experiences impunity in Chile” 

¿Qué es lo que la investigación tiene que decir acerca de esta situación?

La investigación especializada en movimientos sociales y acciones colectivas proveniente de diversos campos científicos, ha sostenido que no es apropiado relacionar el apoyo e implementación de acciones confrotacionales o violentas en un contexto de movilización política con actos de terrorismo. La existencia de diferentes trayectorias y patrones conductuales que los explicarían como fenómenos distintos, además de la identificación de distintos antecedentes, contexto e intenciones para cada uno de ellos sostendrían estas afirmaciones. Además, de acuerdo al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo la diferencia es clara, dado que para poder hablar de terrorismo es necesario que los objetivos de las operaciones sean civiles sin participación directa en el conflicto, a la vez que la principal motivación de éstas debiese ser sembrar el terror  en gran parte de la población para obligar al gobierno u otra organización a ejecutar o dejar de llevar a cabo alguna acción específica. Considerando lo anterior, las acciones violentas o confrotacionales llevadas a cabo por algunas organizaciones Mapuche no debiesen ser calificadas como “terroristas” ya que los principales objetivos de éstas han sido propiedad privada (como por ejemplo camiones de las forestales, o terrenos que los activistas reclaman como propios), y efectivos de carabineros durante enfrentamientos o allanamientos, no civiles. Es claro también que el objetivo  de las actividades mencionadas no es sembrar el terror en la población, sino que más bien reivindicar sus demandas políticas poniendo presión sobre las autoridades.

Tanto la Sociología, la Historia, y la Ciencia Política han demostrado que los participantes en movimientos sociales con frecuencia se comprometen con distintos cursos de acción durante su desarrollo, existiendo incluso vías paralelas dentro de un mismo movimiento (El movimiento Anti-Apartheid es uno de los casos más famosos). De acuerdo a esto, es obvio que en relación a la causa Mapuche pueden existir diferentes organizaciones, pudiendo poner en práctica diversas estrategias de acción al mismo tiempo para poder lograr más o menos los mismos objetivos, por tanto el uso de la violencia o las acciones de confrontación podrían ser solo uno de los muchos métodos para lograr el cambio social deseado. Adicionalmente, desde la Psicología los estudios sobre la conducta de multitudes (Crowd Behaviour) han demostrado que la participación en disturbios y confrontaciones con la policía  en contextos de protesta social no son un mero producto  de trastornos de personalidad, o de la “irracionalidad” de la gente, sino que más bien estas acciones responderían  a conocidos patrones de interacción social y procesos de identificación social que se desarrollarían de forma simultánea. Específicamente, se señala que las confrontaciones podrían verse legitimadas y concebirse como acciones en defensa legítima por parte de un grupo (ingroup) cuando las actividades de otro (outgroup), carabineros por ejemplo, son percibidas como indiscriminadas e ilegitimas, así como también cuando éstas son vistas por los miembros de del ingroup como apropiadas y eficaces.

Los estudios sobre la conducta de  multitudes (Crowd Behaviour), han demostrado además que incluso durante la ocurrencia de disturbios la violencia colectiva  no es llevada a cabo de forma indiscriminada, sino que más bien tiende a ser selectiva. Esto se aplica también al caso Mapuche, donde los ataques han sido sistemáticamente dirigidos hacia blancos específicos, y donde más importante aún es el hecho de que las acciones violentas toman lugar en función de contextos históricos e intergrupales específicos. Históricamente las reclamaciones del pueblo Mapuche han sido ignoradas o solo parcialmente resueltas por el Estado Chileno, lo que daría pie para pensar que a raíz de ello muchos de los Mapuche podrían sentir que su pueblo no ha sido tratado de forma justa por las autoridades, y se encuentran cansados de recibir soluciones insatisfactorias a sus demandas. Dado lo anterior, algunas organizaciones han escogido llevar a cabo acciones de violencia contra aquellos que consideran sus enemigos: Los carabineros y los agricultores chilenos que viven en las tierras que ellos reclaman como suyas. Esto último sería la base del contexto intergrupal; algunos grupos Mapuche identifican a los carabineros como agentes de aquel Estado que usurpó sus tierras por la fuerza, como defensores de los intereses de las compañías forestales, y por último como funcionarios que usan la violencia indiscriminada contra ellos y sus comunidades. De la misma forma, algunos agricultores chilenos son considerados como adversarios por parte de los activistas  debido a que figuran como los dueños legales de las tierras reclamadas, no reconocen las demandas de la causa Mapuche, y algunos han usado armas de fuego en contra de los manifestantes.

Los argumentos anteriores nos llevan a considerar un factor clave en el contexto de las movilizaciones sociales, a saber, la identidad social compartida por los participantes en estas actividades. Específicamente concibo la identidad social desde una perspectiva dinámica, lo que implica  que sus criterios de formación y límites pueden cambiar en respuesta a las situaciones que las personas experimenten como conjunto, especialmente en relación a otros grupos sociales. Es cierto que existen muchas organizaciones Mapuche que demandan el restablecimiento de sus tierras y el reconocimiento de sus derechos utilizando diversos métodos de acción, sin embargo, catalogarlos a todos como “terroristas” puede ayudar a difundir en la opinión pública la equivocada idea de que este pueblo existe necesariamente en contraposición  a Carabineros y el Estado Chileno.

En mi investigación doctoral exploraré el impacto que en su conducta futura puedan tener  las percepciones de los activistas en relación a su  contexto político. En particular me centraré en el rol que sobre estas percepciones tiene el gobierno, la policía y la opinión pública. El cómo los manifestantes perciban que las autoridades los conciben a ellos, en tanto parte de un movimiento, y a sus respectivas actividades podría tener una influencia relevante a la hora de elegir qué tipo de acciones estos mismos ciudadanos estarían dispuestos a ejecutar o apoyar, por lo que obviamente etiquetar a los activistas como “terroristas” no es solo un mal precedente para encontrar soluciones al problema, sino que también implica que todos ellos (indistintamente) son concebidos como criminales sin ningún tipo de consideración por sus demandas políticas. Esto último puede llevar a pensar a los activistas que el gobierno no les está prestando atención, y por tanto ellos deben usar la violencia y la confrontación con las autoridades no solo para llamar su atención y la de otros ciudadanos, sino que también como una forma de triunfar en su lucha política. Frente a estas situaciones, sucesivos gobiernos han equivocado sistemáticamente la ruta enviando cada vez más fuerzas policiales a la zona en conflicto, aumentando la sensación de que lo único que los activistas pueden obtener de parte de las autoridades es la represión. Considerando lo anterior, he propuesto que la percepción que los activistas tengan acerca de los niveles de represión presentes en las movilizaciones y de la apertura (o permisividad) del gobierno a este tipo de actividades serían antecedentes para avalar y llevar a cabo acciones violentas. Como un tercer factor antecedente de este tipo de acciones, he planteado que mientras más los manifestantes consideren que otros ciudadanos deslegitiman la existencia y las acciones de los movimientos sociales, mayor sería la probabilidad de que éstos decidan verse involucrados en confrontaciones violentas como método para lograr los cambios sociales deseados. Teniendo en cuenta esto es que se puede afirmar que la difusión de imágenes (como la de más arriba),  o artículos estigmatizando y criminalizando a los movimientos populares con tal de manipular a la opinión pública  no es más que una provocación que implica tratar de apagar el fuego con bencina en vez de encontrar una solución al conflicto. Y ahora para empeorar la situación, de la misma forma que los políticos de derecha lo han hecho por décadas, el Ministerio del Interior chileno está privilegiando una agenda anti-delincuencia basada en el despliegue de fuerzas paramilitares en lugar de poner su foco en una agenda política en la cual los derechos civiles y políticos sean más importantes que la propiedad privada de unos pocos.